Diferentes juzgados del país han admitidos tutelas en Bogotá, Cúcuta y otras ciudades, promovidas por aspirantes afectados en el Concurso de Méritos FGN 2024 para el cargo de Fiscal Delegado ante Jueces Penales del Circuito Especializado.

Las accciones se generaron debido a las múltiples irregularidades denunciadas durante el procedimiento virtual de escogencia de plazas adelantado por la Fiscalía General de la Nación y la Comisión de Carrera Especial.

Las acciones constitucionales interpuestas coinciden en señalar que varios concursantes, pese a haber obtenido posiciones privilegiadas dentro de la lista de elegibles, fueron materialmente privados de ejercer su derecho efectivo de escogencia debido a la aplicación rígida y excesivamente formalista de exigencias tecnológicas relacionadas con la validación de identidad mediante plataforma virtual.

Según lo expuesto en las distintas demandas, la denominada “regla de los tres minutos”, la habilitación tardía de cámaras y micrófonos, las dificultades técnicas asociadas a la visualización de las nuevas cédulas digitales y la ausencia de mecanismos alternativos razonables de validación terminaron afectando gravemente el principio constitucional del mérito.

En otras palabras, para la escogencia los aspirantes se conectaron de manera virtual y para presentarse debían mostrar sus cédulas, pero las dificultades tecnológicas del mismo sistema originaban que los 3 minutos que tenían para realizar el procedimiento se acabara, a pesar que habían otras líneas habilitadas para enviar la documentación requerida. 

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Son aproximadamente quince (15) aspirantes los que, hasta el momento, han denunciado haber resultado afectados por situaciones similares, pese a haber alcanzado puntajes sobresalientes y posiciones favorables dentro del concurso. 

Las tutelas sostienen que la Fiscalía General de la Nación convirtió una formalidad tecnológica en un obstáculo desproporcionado para el ejercicio del derecho sustancial derivado del mérito, desconociendo principios constitucionales como el debido proceso administrativo, la buena fe, la confianza legítima y la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas.

Los jueces que han admitido las tutelas argumentan que reúnen los requisitos legales de admisión, tanto así que algunos despachos judiciales han decretado medidas provisionales mientras se decide de fondo la controversia como sucedió en el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Cúcuta que suspendió las audiencias onde se escogieron las plazas para esos cargos dentro de la Fiscalía el pasado 19 y 20 de mayo. 

Los aspirantes a los cargos sostienen que se debe amparar el debido proceso, igualdad, buena fe, confianza legítima y acceso a cargos públicos conforme al principio constitucional del mérito.

Por lo que han solicitado a los jueces que se declare la actuación desplegada por la Fiscalía General de la Nación, en la Comisión de la Carrera Especial, que se desconoció el principio constitucional del mérito mediante la aplicación rígida y desproporcionada de una formalidad tecnológica.

Finalmente, los aspirantes afectados han insistido en que el acceso a los cargos públicos mediante concurso debe regirse por criterios de mérito, razonabilidad y proporcionalidad, y no por formalismos tecnológicos que terminen vulnerándole materialmente derechos consolidados a través de un proceso competitivo y constitucionalmente reglado.